El Tribunal Constitucional ha tumbado la Ley Regional del
Suelo en un fallo que afecta directamente al proyecto de Marina de
Cope. Después de más de diez años, el alto tribunal ha sentenciado a
favor de los demandantes; colectivos ecologistas encabezados por la
asociación Prolitoral que fueron apoyados por el PSOE, principalmente el
Grupo Parlamentario en el Congreso y la exministra de Medio Ambiente
Cristina Narbona.
El recurso contra la ley del Suelo de la Región de Murcia
pedía anular la recalificación de unas 11.000 hectáreas de terrenos
protegidos junto a la costa, equiparando terreno de alto valor por otro
con una figura de protección distinta. Tal modificación dejó
desprotegida a una gran parte de Marina de Cope, donde el Gobierno
regional promueve uno de los mayores complejos urbanísticos del
Mediterráneo. Dicho proyecto quedó paralizado debido a la crisis
económica. Su tramitación administrativa finalizó meses atrás.
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo e
insconstitucional la disposición adicional octava de la norma. El
recurso fue suscrito en el año 2011 por 65 diputados del Grupo
Parlamentaro Socialista en el Congreso de los Diputados. El precepto
anulado decía que los límites de los espacios naturales protegidos se
ajustarían a los límites de los lugares de importancia comunitaria. De
esta forma, el Gobierno regional desprotegió zonas del litoral, entre
ellas la de Marina de Cope. El alto tribunal dice en su sentencia que
las categorías de espacio natural protegido y de lugar de interés
comunitario (LIC) "no son equivalentes". El Gobierno regional está
evaluando la sentencia.
El proyecto
La iniciativa para urbanizar este tramo de la costa
regional, declarada Actuación de Interés Regional en 2004 por el
Ejecutivo de Valcárcel, tiene como objetivo crear 20.000 plazas
turísticas y residenciales en la costa de Lorca y Águilas en un enclave
rodeado por un LIC y un parque regional. Es uno de los planes estrella
del Gobierno regional para reactivar el turismo. En total, se había
autorizado la construcción en la mitad del total de 21,2 millones de
metros cuadrados, con una densidad máxima de 0,14 metro cuadrado sobre
metro cuadrado edificable. El Ejecutivo, además, había recortado a la
mitad los plazos administrativos para sacar adelante los proyectos
estratégicos.
Según el proyecto, el enclave contaría con una planta
fotovoltaica y otra de regasificación; así como una estación depuradora
de aguas residuales para una población estimada de 40.000 personas. El
suelo está clasificado como urbanizable turístico residencial. Aparte
están los sistemas generales. La futura urbanización -ahora en suspenso-
es colindante con los Lugares de Interés Comunitario (LIC) terrestres y
marinos, así como el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre. La
superficie afectada es de 21,2 millones de metros cuadrados, de los que
940.514 metros corresponden a los dominios públicos existentes.
La urbanización tendría una marina interior para 2.000
embarcaciones, sujeta a condicionantes ecológicos y paisajísticos de
diferente categoría, ya que afectaría a los medios marino, litoral y de
interior. De esta forma, la construcción de instalaciones y edificios en
la zona litoral cercana a la entrada de la marina podrían obstruir la
visualización del horizonte marino, por lo que los inmuebles no podrían
tener más de 10 metros de altura.
La superficie para las parcelas netas destinadas a usos
turísticos y residenciales aprobada es como máximo del 50% del ámbito
total, con la prohibición de construir dentro de los 500 primeros
metros; salvo hoteles, y fuera de las franjas paisajísticas.
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